¿Qué está pasando con la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia? La Comunidad de Madrid exige una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para reclamar lo que el Gobierno de España “debe” a la región, que, según la misiva enviada por Ana Dávila, se cifra en 3.000 millones de euros.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid pretende reunirse con Pablo Bustinduy para trasladarle su malestar debido al “incumplimiento” del compromiso por el que el Ejecutivo central pretende cubrir el 50% de la financiación de citado sistema. “La realidad dista mucho de ese objetivo y, lejos de corregirse, se agrava año tras año”, insiste Dávila, apuntando que “el agujero” no responde a una “cifra abstracta, sino que detrás de ella hay miles de vidas en espera”.
“Resulta difícil de explicar que el Gobierno siga amparándose en la prórroga de los presupuestos para no cumplir la ley”. Con esto, la consejera de Asuntos Sociales asegura que “no es un problema jurídico ni técnico, sino de prioridades”. Ana Dávila pone el acento en que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha demostrado que dispone de instrumentos legales suficientes para incrementar la financiación cuando existe voluntad política”.
“No paga el 50% que le corresponde y ya adeuda a la Comunidad de Madrid más de 3.000 millones por la atención a las personas que en situación de dependencia”, suscribe, por su parte, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel García acusa al presidente del Ejecutivo central de llevar “siete años saltándose la ley de dependencia”.
El ministro de Derechos Sociales tilda de “irónicas” las declaraciones de Dávila “cuando los gobiernos de Mariano Rajoy recortaron 5.406 millones de euros del sistema de la dependencia, dejándolo en una situación agonizante”. Bustindyu asegura estar trabajando “de la mano con las consejerías con el objetivo común de llevar adelante la reforma del sistema de la dependencia y la mejora de la financiación”. Además, recuerda que “la financiación estatal del 50% es un compromiso político que ha impulsado la izquierda, no una obligación legal”.
“Hay muy pocos precedentes en materia de políticas sociales del esfuerzo presupuestario y financiero que se ha hecho desde el año 2020”, explica el ministro, indicando que “los fondos de la dependencia de la Administración General del Estado han aumentado más de un 160% hasta alcanzar un máximo histórico de más de 3.600 millones de euros, a los que hay que añadir casi 3.000 millones de euros de los fondos europeos”.