Casa Árabe, la principal institución española dedicada al diálogo con el mundo árabe, atraviesa su crisis más grave desde su creación en 2006. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido recuperar el emblemático edificio de las Escuelas Aguirre, su sede principal, y ha dado plazo hasta septiembre de 2026 para su desalojo. Todo ello tras un informe demoledor del Tribunal de Cuentas y la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado hoy que, pese al voto de confianza que se le dio inicialmente a la gestión de la entidad, el resultado final ha sido definitivo: "ha sido un chiringuito y un despilfarro". El regidor madrileño ha criticado la etapa bajo la dirección de Irene Lozano, acusándola de dejar el organismo en "banca rota", y ha concluido que la institución sufre ahora "problemas estructurales" que el Ayuntamiento solventará con el objetivo de "devolverlo a todos los madrileños".
Un consorcio en crisis
Creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Casa Árabe nació como un consorcio interadministrativo formado por el Estado (principal financiador), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Su objetivo era fomentar el conocimiento mutuo, la diplomacia pública y las relaciones culturales con los países árabes.
Durante casi dos décadas ocupó el histórico edificio de Escuelas Aguirre, en la confluencia de Alcalá y O'Donnell, cedido por el Consistorio. Sin embargo, tal como ha revelado el Tribunal de Cuentas, los problemas de gestión acumulados en los últimos años han puesto en jaque su continuidad.
La gestión de Irene Lozano y el informe del Tribunal de Cuentas
Entre 2022 y febrero de 2025, la institución fue dirigida por la exdiputada socialista Irene Lozano, cercana colaboradora de Pedro Sánchez. Durante su mandato, según el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, se produjeron graves irregularidades:
- La entidad entró en una situación financiera crítica, con pérdidas estructurales y consumo de remanentes para cubrir gastos corrientes.
- Más del 60% de los contratos públicos analizados incumplían la Ley de Contratos del Sector Público.
- Existían deficiencias graves en el control interno, en la gestión de personal y en la planificación estratégica.
- El Tribunal llegó a cuestionar la propia viabilidad futura de la institución.
El informe, aprobado en diciembre de 2025, fue el detonante definitivo.
Reacciones en cadena
En enero de 2026, la Comunidad de Madrid anunció su salida del consorcio, alegando “graves discrepancias en la gestión”. Meses después, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, decidió activar la reversión del edificio Escuelas Aguirre y dar un ultimátum de desalojo.
Irene Lozano defendió su gestión con contundencia, negó cualquier irregularidad de carácter corrupto, reconoció deficiencias administrativas y criticó la falta de apoyo económico y político del Ministerio de Asuntos Exteriores. Mientras, el PSOE optó por una defensa tibia, reconociendo problemas de gestión pero rechazó que hubiera corrupción y acusó al PP de utilizar el caso con fines partidistas.