La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Maroto, ha denunciado el "varapalo" del Tribunal de Contratación Pública a los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer (CIAM) de Almeida, obligando a paralizar y volver a convocar la licitación. La edil ha calificado el fallo como un nuevo caso de "Chapuzas Almeida" que debilita los recursos públicos y genera "preocupación e incertidumbre" ante la fecha del 1 de enero, por lo que ha llamado a las mujeres a votar en las próximas generales para "frenar a las derechas".
Preguntada por la huelga general de mañana, Maroto ha animado a la ciudadanía a ejercer "este derecho constitucional" para defender "algo tan básico como poder acceder a una vivienda digna, llegar a fin de mes" y proteger los derechos laborales, criticando el "órdago" lanzado por el alcalde a los sindicatos.
Por último, sobre el corte de la A-5 de hoy, ha asegurado que "el plan de movilidad de Almeida hace aguas" y ha denunciado que "el refuerzo del 15% de autobuses de la EMT no se ha hecho". Para la portavoz socialista, esta falta de planificación responde únicamente a "intereses electorales del alcalde" por llegar a las elecciones municipales con la obra terminada "sin importarle vecinos y vecinas".
El Ayuntamiento de Madrid ha subrayado que el Tribunal de Contratación Pública le ha dado la razón al desestimar las principales alegaciones de los sindicatos sobre los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), avalando cuestiones clave como las subrogaciones, la suficiencia económica, las jornadas y la reorganización de los recursos.
Según el Consistorio, el fallo únicamente obliga a ajustar la redacción de dos cláusulas del pliego: una sobre servicios mínimos en caso de huelga y otra sobre la difusión de información, una medida que, recuerdan, se incluyó por primera vez en 2016 durante el gobierno del que formaba parte Rita Maestre. El Ayuntamiento acatará la resolución lanzando nuevos pliegos y garantizará el servicio prorrogando los contratos actuales mientras dure el trámite.
El nuevo modelo contempla 19 centros para la atención a víctimas de violencia de género y promoción de la igualdad, con una inversión de 26 millones de euros, un 37 % más de presupuesto, que permitirá ampliar la plantilla de 193 a 237 profesionales (44 más) para agilizar la asistencia.