Este lunes, el grupo municipal de Podemos en Torrejón de Ardoz ha comunicado que El Defensor del Pueblo ha apoyado la iniciativa de que el partido vuelva a tener acceso al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS).
Según explica Podemos, son varias las acciones que ha llevado a cabo el Partido Popular en Torrejón en contra de la transparencia: "Al inicio de la legislatura, el Partido Popular imponía su mayoría absoluta negando de forma poco democrática cualquier órgano de control y fiscalización a Podemos. Además, amparado en un informe del Secretario Municipal, nos negaba la documentación generada por la EMVS (empresa pública creada por el propio Ayuntamiento) alegando que se trata de una empresa mercantil y que los documentos sólo podían ser accesibles para los miembros del Consejo de Administración. El pasado mes de julio, esta empresa recibía tres millones de euros del Ayuntamiento, sumados a los más de de 50 millones recibidos desde el principio de las arcas municipales".
Para el grupo, esto se traduce en verse atado de pies y manos a la hora de ejercer su labor fiscalizadora sobre esta empresa municipal, pese a tener dos concejales electos. "Desde el Grupo Municipal nos vimos en la obligación de acudir al Defensor del Pueblo para denunciar lo que considerábamos injusto. El pasado día 19, el Defensor del Pueblo nos respondía de forma positiva argumentando nuestro derecho al acceso a esta documentación (actas y acuerdos) y a garantizar el ejercicio de la representación de nuestros cargos públicos.
La postura mantenida por este Ayuntamiento viene a hurtar el derecho de los concejales a poder conocer una parte importante de la gestión de la empresa pública y, con ello, de la actividad municipal
A juicio del Defensor del Pueblo: “La postura mantenida por este Ayuntamiento viene directamente a hurtar el derecho de los concejales a poder conocer una parte importante de la gestión de la empresa pública y, con ello, de la actividad municipal, lo que sitúa deliberadamente a esta entidad fuera del ámbito general de control y fiscalización de los ediles de la Corporación”.