Parece que el grave problema de acceso a la vivienda por fin ha entrado en la agenda del Gobierno de Madrid. O al menos, eso se puede interpretar tras el anuncio de que la región dará luz verde a los ayuntamientos para construir vivienda pública en suelo dotacional en desuso.
Sin embargo, la falta de obligatoriedad de que los ayuntamientos aprovechen esta medida para beneficiar a sus vecinos y vecinas, puede convertirla en una norma en igual desuso que los propios terrenos a los que hace referencia.
Este, me temo, puede ser el caso de Pozuelo de Alarcón. El gobierno local ha demostrado, a lo largo de esta y anteriores legislaturas, que no tiene el más mínimo interés en retener a su población más joven. Tampoco ha pretendido simular siquiera preocupación por las familias con mayores necesidades económicas que, año tras año, se están viendo expulsadas del municipio donde han querido desarrollar su proyecto de vida.
Ambos grupos – jóvenes y familias de rentas bajas – que forman parte de la identidad de nuestra ciudad, están viviendo un éxodo a otros municipios madrileños. Mientras tenemos constancia de la existencia de parcelas públicas residenciales en las que no hay señal de que se vaya iniciar ninguna construcción.
Desde el PSOE hemos trabajado con las vecinas y vecinos para detectar las necesidades específicas
Desde el PSOE hemos trabajado con las vecinas y vecinos para detectar las necesidades específicas de cada barrio, detectando las parcelas disponibles. Y, con esto, hemos desarrollado propuestas realistas y viables para llevar al Pleno Municipal con miras a la construcción de Viviendas de Protección Oficial. En definitiva, hemos hecho una política realmente genuina, probablemente aquella que cada vez escasea más porque no busca confrontación sino alianzas.
Y, sin embargo, hemos chocado contra el mismo muro de siempre. Hemos logrado aprobar propuestas en pleno, que benefician a la gente pero que quedan durmiendo en un cajón. Y el motivo es siempre el mismo, el electoral. Creen que no les conviene ejecutar nuestras propuestas, aunque eso perjudique a los y las vecinas. Así de triste, y así de rutinaria, se ha vuelto la política en nuestro municipio.
Lo cierto es que, pese a todo lo anterior, la esperanza es lo último que se pierde. Y quizá esta nueva norma de la Comunidad de Madrid, combinada con un calendario electoral municipal a la vuelta de la esquina, motive al Gobierno Local a cambiar el rumbo en política de vivienda. A no quedarse con la foto de sortear 6 entre 2.000 solicitantes y apostar, de verdad, por la construcción de vivienda pública.
Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros.
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