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Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros —el triple que el plan anterior— y con una medida estrella: el blindaje permanente de todas las viviendas protegidas financiadas con fondos públicos, que no podrán descalificarse ni privatizarse en el futuro. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presentado el plan como un “paso histórico” para consolidar la vivienda como el “quinto pilar del Estado del Bienestar” y evitar que la crisis habitacional se convierta en algo “permanente”.

Sin embargo, esta ambiciosa hoja de ruta llega en un momento en el que persiste una pregunta incómoda: ¿por qué lanzar un nuevo plan con grandes promesas cuando los anteriores aún no se han materializado en el número de viviendas realmente construidas y entregadas?

El plan, aprobado como Real Decreto, se articulará a través de convenios con las comunidades autónomas (el Estado aportará el 60% y las CCAA el 40%). Sus principales líneas son:

• 40% del presupuesto destinado a ampliar el parque de vivienda pública y asequible (principalmente en alquiler, con precios máximos limitados).
• 30% para rehabilitación energética y accesibilidad de viviendas y barrios.
• 30% restante para ayudas directas (especialmente a jóvenes), intervención en zonas de mercado tensionado y vivienda rural.

Entre las novedades destaca el blindaje indefinido de la protección: cualquier vivienda que reciba fondos estatales mantendrá su carácter público o protegido de forma permanente, con una cláusula antifraude para evitar adjudicaciones irregulares. El despliegue efectivo no comenzará hasta la segunda mitad de 2026, una vez firmados los convenios con las autonomías.

Este plan se suma al Fondo “España Crece” anunciado por Pedro Sánchez, que pretende movilizar hasta 23.000 millones de euros (públicos y privados) para construir 15.000 viviendas al año en alquiler asequible.

Las promesas anteriores: grandes anuncios, ejecución modesta

Desde 2023, el Gobierno ha venido anunciando cifras muy elevadas de “viviendas movilizadas”:

• Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (2023): objetivo de 184.000 viviendas.
• Anuncios acumulados (incluyendo Sareb, Ministerio de Defensa, ICO y otros mecanismos): hasta 276.000 viviendas en total.

A pesar de estas cifras, las viviendas protegidas realmente terminadas (calificaciones definitivas, el indicador más fiable de construcción finalizada) muestran una realidad mucho más moderada, levantándose unas 12.304 en 2023, 14.371 en 2024 y 11.104 en 2025. En el período más reciente (4T 2024 – 3T 2025) se terminaron 14.317 viviendas protegidas, un aumento del 30,1% interanual, pero en 2025 las calificaciones definitivas cayeron claramente. Además, gran parte del leve crecimiento del parque público se debe a la incorporación de vivienda existente (procedente de Sareb u otras administraciones) más que a nueva construcción masiva.

Las “viviendas movilizadas” suelen referirse a fondos transferidos o acuerdos firmados, pero el número de nuevas viviendas terminadas y entregadas dentro de los planes específicos del Gobierno central ha sido, hasta ahora, de solo cientos en muchos informes.

No obstante, los ciudadanos no piden más cifras de “movilización”. Piden ver cómo baja de forma tangible el precio del alquiler en las zonas tensionadas, cómo acceden los jóvenes a una vivienda asequible y cómo crece realmente el parque público de alquiler social.