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Ángel Víctor Torres ha respondido a la carta enviada desde la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en la que tachaban la política de reubicación de menores del Gobierno central de "sistema extraordinario fuera del marco legal", y amenazaban con no continuar con las acogidas si no se hacían por el marco legal vigente. El ministro de Política Territorial ha asegurado que dichas actuaciones son "avaladas" por la Fiscalía del Menor, y recuerda que la protección de estos menores es "una obligación moral y legal".

Torres ha explicado que, según el artículo 5 del Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, en una situación de contingencia migratoria se deben trasladar a los menores a otras comunidades, y dicha contingencia "sigue vigente en Canarias, Ceuta y Melilla", sostiene, por lo que las reubicaciones estarían justificadas. "Y aquellos que ya estaban, y esos expedientes tenían que ser incoados, por supuesto que tenían que ser reubicados", incide el ministro.

En cuanto a la falta de amparo legal de la norma, Torres recuerda que la Comunidad de Madrid ya llevó este asunto al Tribunal Constitucional, sin éxito, pues la ley sigue vigente. Sin embargo, no se ha pronunciado ante las sentencias interpuestas por el Supremo ante su propia gestión, y en las que les obligaba a incluir a los menores de Canarias en el Sistema Nacional de Acogida.

El ministro tampoco ha respondido, al menos públicamente, a otra de las cuestiones que planteaba la Consejería de Madrid en cuanto a la separación de menores de sus familiares ubicados en otras regiones, incluso de su lugar de origen donde ya disponían de puestos de trabajo, abriendo la puerta a posibles situaciones de vulnerabilidad y marginalidad.