Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Civite) y hermana de Gregorio Ordóñez, ha comparecido, invitada por el grupo socialista y Más Madrid en la Asamblea, en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local. La presidenta de Civite ha denunciado el "incumplimiento" y la "cerrazón" "de no querer aplicar la ley 9/2022 de 16 de noviembre" en la Comunidad de Madrid.
Ordoñez ha denunciado "las graves injusticias que están sufriendo desde hace un año las víctimas de ETA madrileñas que sufrieron sus atentados en el País Vasco y a consecuencia de los mismos tuvieron que venirse a Madrid y llevan cerca de 50 años viviendo en Madrid".
Ha habido mala fe desde el principio: el 15 de diciembre de 2022, antes de que entrara en vigor la ley ya tenían un informe de los servicios jurídicos
La presidenta de Civite ha puesto de manifiesto que el papel de su colectivo "siempre ha sido dialogar", pero ha lamentado no haber podido reunirse con la Consejería de Justicia, con la que asegura haber pedido en dos ocasiones una reunión, sin haber conseguido "ni acuse de recibo".
Consuelo Ordoñez califica la ley de la Comunidad de Madrid como "la peor ley de víctimas del terrorismo que se ha publicado en todo el territorio nacional", y explica que "ninguna exige el requisito del empadronamiento en el momento de sufrir el atentado".
La presidenta de Civite explica que "es incomparable ser víctima en el País Vasco y serlo en Madrid" y pide que se quite "la exigencia del empadronamiento en el momento de sufrir los atentados, aunque pongan el requisito por los años que estimen conveniente".
Ordóñez asegura que "ha habido mala fe desde el principio: el 15 de diciembre de 2022, antes de que entrara en vigor la ley ya tenían un informe de los servicios jurídicos".
Ordoñez ha denunciado "la instrumentalización de las víctimas" por parte de la presidenta Ayuso y el Partido Popular.
"Tienen que hacer justicia de una vez por todas con las víctimas del terrorismo", ha asegurado la presidenta de Civite, que lamenta que "desgraciadamente somos un país de desigualdades" y ahonda que la legislación madrileña "está ahondando en estas desigualdades".
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