MENÚ

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que modifica la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo. El texto se remitirá a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Se trata de la actualización más relevante de la normativa estatal en más de una década y se enmarca en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.

La reforma amplía de forma significativa los espacios sin humo. Queda prohibido fumar (y, en la mayoría de casos, vapear o consumir productos relacionados) en:

• Terrazas de bares, restaurantes y establecimientos de restauración.
• Playas marítimas y fluviales.
• Piscinas de uso colectivo.
• Instalaciones deportivas.
• Parques nacionales.
• Vehículos de trabajo (salvo uso exclusivamente personal).
• Recintos de espectáculos públicos (teatros, cines, conciertos y otros eventos), también al aire libre.

Además, se crean entornos de protección reforzada de 15 metros alrededor de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios (públicos y privados), centros sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, deportivos y parques o recintos infantiles.

Otra novedad relevante es la prohibición expresa del consumo de productos del tabaco por menores de 18 años (hasta ahora solo se prohibía la venta y el suministro). Según la encuesta ESTUDES 2025, la prevalencia de fumadores diarios entre 14 y 18 años es del 4,3 % (la más baja desde 1994), aunque el consumo en el último mes se mantiene en el 15,5 %.

Cigarrillos electrónicos y productos relacionados

La norma equipara en gran medida los cigarrillos electrónicos (con y sin nicotina), productos a base de hierbas para fumar o shisha y otros productos que imitan el acto de fumar a las restricciones del tabaco tradicional en los espacios sin humo. Las bolsas de nicotina quedan fuera de esa equiparación espacial, pero se prohíbe su consumo a menores.

La venta y suministro de estos productos se limitará a tiendas especializadas, que deberán cumplir requisitos que se fijarán por orden ministerial. El Gobierno justifica la medida por el fuerte crecimiento entre adolescentes: el 49,5 % de los jóvenes de 14 a 18 años ha probado cigarrillos electrónicos alguna vez y el consumo en el último mes ha pasado del 14,9 % en 2019 al 27,1 % en 2025.

Se refuerzan también las restricciones de publicidad, promoción y patrocinio en todos los medios (incluido internet y máquinas expendedoras). En puntos de venta no se podrán realizar acciones visibles desde el exterior. En medios audiovisuales se prohíbe mostrar a presentadores, colaboradores o invitados fumando o exhibiendo estos productos o sus marcas.

Se recupera el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo (suprimido en 2014), con funciones de propuesta de iniciativas, fijación de objetivos de reducción y elaboración de informes periódicos.

La ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, con un plazo de dos meses para adaptar la señalización.

El otro lado de la moneda

Aunque el Ministerio de Sanidad presenta la reforma como un avance en salud pública orientado a proteger a la infancia y adolescencia, reducir la exposición al humo y aerosoles y avanzar hacia generaciones libres de tabaco, el texto genera un rechazo significativo en parte del tejido económico y social.

La hostelería es el sector más crítico. Hostelería de España ha calificado la prohibición de fumar en terrazas de “desproporcionada” y ha advertido de que “repercutirá muy negativamente” en los negocios. Argumentan que las terrazas son espacios clave para la vida social y económica, que en muchos locales representan una parte importante de la facturación y que existe una convivencia razonable entre fumadores y no fumadores. También alertan de posible confusión entre turistas y de un efecto negativo sobre la imagen exterior y la competitividad turística del país.

Algunos análisis del sector señalan que las terrazas pueden suponer hasta el 40 % de la facturación en determinados establecimientos y que la medida llega en un contexto de dificultades previas (pandemia y subidas de costes). Aunque experiencias anteriores (como la prohibición en interiores de 2011) mostraron recuperación del consumo a medio plazo y mejoras en limpieza y percepción de calidad, el impacto a corto plazo preocupa a muchos hosteleros.

La norma aún debe superar el trámite parlamentario, donde pueden introducirse enmiendas. Sanidad defiende que se trata de una actualización necesaria ante los nuevos patrones de consumo y los productos emergentes. El sector hostelero y parte de la opinión pública piden, en cambio, mayor flexibilidad, especialmente en terrazas, y una evaluación más precisa del impacto económico y turístico antes de su aprobación definitiva.