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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha ratificado que la regla de gasto de pensiones establecida por la reforma del sistema se cumple formalmente, aunque insiste en que este indicador no garantiza por sí solo la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas a largo plazo.

En un estudio recientemente publicado, el organismo concluye que el gasto neto en pensiones se situará en una media del 13% del PIB entre 2022 y 2050, por debajo del umbral del 13,3% fijado por la normativa vigente. Este resultado mejora en dos décimas las estimaciones realizadas en 2025 gracias a una revisión al alza del impacto de las medidas de ingresos aprobadas para reforzar el sistema.

La AIReF recuerda que la regla compara el gasto medio previsto en pensiones durante ese periodo con los ingresos adicionales generados por las reformas aprobadas. Al mantenerse el resultado por debajo del límite legal, el mecanismo se considera cumplido.

Sin embargo, la institución advierte de que este cumplimiento formal no elimina los riesgos que afrontan las cuentas públicas españolas. De hecho, su análisis actualizado de sostenibilidad a largo plazo apunta a que la deuda pública seguiría una trayectoria ascendente en ausencia de nuevas medidas fiscales.

Según las proyecciones del organismo, la deuda alcanzaría el 123% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2050 en un escenario de políticas constantes. La evolución estaría impulsada principalmente por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto asociado a pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.

La AIReF considera que la actual regla de gasto presenta importantes deficiencias de diseño. Entre ellas, señala que ofrece una visión parcial de la sostenibilidad al centrarse únicamente en el gasto en pensiones y no tener en cuenta la evolución global de ingresos, gastos y deuda pública.

Además, destaca que la regla se apoya en previsiones del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea publicadas en 2024, sin incorporar las actualizaciones demográficas más recientes que ya maneja Eurostat y que servirán de base para futuras estimaciones comunitarias.

El organismo también cuestiona la compatibilidad del mecanismo con el nuevo marco fiscal europeo. Mientras las nuevas reglas comunitarias sitúan la deuda pública como principal referencia de supervisión, la normativa española se centra exclusivamente en la evolución del gasto en pensiones respecto al PIB.

Otro de los aspectos destacados en el informe es el creciente esfuerzo financiero que deberá realizar el conjunto de las administraciones públicas para sostener el sistema. La AIReF estima que las transferencias implícitas desde la Administración Central y otros fondos de la Seguridad Social aumentarán en 2,3 puntos del PIB hasta alcanzar el 3% en las próximas décadas.

A juicio de la institución, este incremento podría reducir los recursos disponibles para otras políticas públicas o incrementar las necesidades de endeudamiento si no se adoptan medidas adicionales.

Ante esta situación, la AIReF propone reformar la actual regla de gasto para integrarla en el marco fiscal europeo y reforzar su relación con la sostenibilidad real de las cuentas públicas. Entre sus recomendaciones figura sustituir el actual indicador por una referencia vinculada al crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos de la Seguridad Social e incorporarla al Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo.

Con este planteamiento, el organismo considera que sería posible evaluar de forma más precisa la capacidad financiera del sistema y su impacto sobre la evolución futura de la deuda pública.

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