MENÚ

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha presidido una nueva reunión del Consejo Estatal de la Pyme en la que el Gobierno ha reforzado su estrategia de apoyo al tejido empresarial con la actualización del Marco Estratégico en Política de Pyme 2030 y el análisis de los problemas derivados de la morosidad empresarial.

La reunión ha servido para avanzar en dos de las principales líneas de actuación del Ejecutivo en materia económica: fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y abordar los retrasos en los pagos, una situación que continúa afectando especialmente a negocios de menor tamaño.

Uno de los asuntos centrales ha sido la presentación del Informe de Morosidad 2025, aprobado previamente por el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. El documento refleja un escenario desigual entre administraciones y empresas privadas.

Según los datos analizados, el sector público ha logrado situar el periodo medio de pago por debajo de los 30 días establecidos legalmente. Sin embargo, en el ámbito empresarial privado los plazos continúan superando los límites marcados por la normativa.

Los datos manejados sitúan el periodo medio de pago entre empresas en 64 días, según cifras del Banco de España, y en 67 días de acuerdo con estimaciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, por encima del máximo legal de 60 días.

Además, el informe recoge que seis de cada diez empresas aseguran haber sufrido la imposición de plazos de pago indebidos, una práctica que, según el Gobierno, tiene un mayor impacto sobre pequeñas empresas y microempresas.

Ante esta situación, el Consejo Estatal de la Pyme ha planteado reforzar mecanismos de control y seguimiento, además de potenciar herramientas que permitan una mayor trazabilidad de la información. Entre ellas destaca el impulso a la factura electrónica como instrumento para mejorar el control de los pagos y facilitar el cumplimiento de los plazos.

La reunión también abordó la actualización del Marco Estratégico en Política de Pyme 2030, una herramienta que busca adaptar las políticas públicas a los nuevos desafíos económicos y a las prioridades marcadas desde la Unión Europea.

El nuevo planteamiento mantiene la estructura ya existente, aunque incorpora una revisión de objetivos para responder a las necesidades actuales del mercado. El plan se apoyará en seis grandes líneas de actuación: crecimiento empresarial, talento, financiación, innovación y digitalización, sostenibilidad e internacionalización.

El diagnóstico que maneja el Ejecutivo señala que el tejido empresarial español sigue muy fragmentado, con un 92,9% de microempresas, y mantiene una brecha de productividad del 37% respecto a la media europea.

La estrategia incorpora además reformas ya impulsadas por el Gobierno, como la Ley Crea y Crece o la Ley de Startups, y apuesta por una mayor coordinación entre administraciones y agentes económicos.