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El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de 149,7 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar durante 2026 la incorporación de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas españolas a través del Programa María Goyri.

La medida, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, permitirá sufragar parte de las 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor que el Gobierno se ha comprometido a financiar durante un periodo de seis años. La inversión estatal superará los 900 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas aportarán otros 600 millones para financiar 2.236 plazas adicionales.

Los criterios de reparto de los fondos entre las comunidades autónomas se determinarán posteriormente en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria.

Según el Ministerio, las 3.400 plazas financiadas por el Ejecutivo ya han sido contratadas, mientras que las comunidades autónomas disponen de plazo hasta el curso 2027-2028 para completar la contratación de las plazas de su competencia. Hasta el momento, las administraciones autonómicas han incorporado 311 profesores ayudantes doctor.

El Programa María Goyri fue puesto en marcha en 2024 con el objetivo de incorporar progresivamente un total de 5.638 profesores ayudantes doctor a las universidades públicas españolas hasta 2028, lo que supone un incremento del 70 % respecto a la plantilla existente durante el curso 2023-2024.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, destaca que esta iniciativa representa "una de las actuaciones más ambiciosas" emprendidas por el Gobierno para financiar las universidades públicas y facilitar su adaptación a las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Morant subraya que el programa persigue reducir la temporalidad y la precariedad laboral en la universidad, incrementando el peso del profesorado a tiempo completo y con capacidad investigadora. Asimismo, señaló que la medida pretende facilitar el relevo generacional ante las numerosas jubilaciones previstas en las universidades públicas durante los próximos años.

El Ejecutivo destaca además el carácter inédito de la iniciativa, al asumir por primera vez de forma directa la financiación de los salarios del profesorado universitario en un ámbito cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas.