Desde el PP denuncian que el gobierno ha instaurado en la administración un proceso de “purga“ de todo aquel que, aun dando cumplimiento a sus obligaciones como funcionario o trabajador público, no se pliega al arbitrio de este gobierno, un proceso que se inició y se mantiene en las propias filas del PSOE, y que se extiende a los trabajadores municipales e incluso a los trabajadores de empresas que prestan servicios para el ayuntamiento.
Son muchos los damnificados, casualmente concentrados en el área de gestión económica, y desde el cese del Director de Hacienda, se han sucedido la marcha casi inmediata al llegar a su puesto de hasta dos directores generales de gestión tributaria, siendo el último cese en esta área el del interventor municipal, a pesar de que el informe emitido por el Ministerio de Hacienda contradice la decisión de cese del gobierno, concluyendo que no han quedado acreditadas las circunstancias de pérdida de confianza exigida jurisprudencialmente para proceder al cese.
Y en el área de Servicios Sociales el coste de las sentencias por despidos improcedentes ya asciende a la cantidad de 35.000 euros.
Mirina Cortés ha explicado que “La represalia es la motivación continuada, como así lo recogió la sentencia de despido de dos trabajadores que denunciaron ante la justicia un presunto caso de corrupción, como lo es en el caso del interventor, y como parece ser en el caso de dos secretarias cesadas sin alcanzar siquiera los 15 días en su puesto. El coste emocional de esta política sobre la plantilla es incalculable, y el coste económico ya supera los 100.000 €. Y a esto es a lo que dedica el tiempo el gobierno del PSOE de Móstoles, a dilapidar los impuestos de los mostoleños en procesos judiciales, mientras la ciudad se encuentra abandonada”