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El Gobierno de Móstoles denuncia el caos con el que el Gobierno de Díaz Ayuso está gestionando los dispositivos para la celebración de las elecciones del 4 de mayo.
La Comunidad de Madrid impide que los grandes Ayuntamientos seleccionen al personal de apoyo para cubrir los puestos de representantes y coordinadores para las elecciones de mayo. Un personal de apoyo clave para los miembros de la mesa, inexpertos y desconocedores del desarrollo habitual de la jornada electoral. Estos representantes, en su mayoría con experiencia en elecciones previas y con conocimiento de los colegios de votación municipales, colaboran directamente con los miembros de las mesas en su constitución, así como en la resolución de cualquier tipo de duda que pueda surgirles tanto a ellos como a los votantes. Esta labor se realiza en máxima coordinación con el departamento de Estadística de los Ayuntamientos.
En una carta remitida, entre otros organismos, a la Consejería de Presidencia y al Junta Electoral de Navalcarnero, el Gobierno de Móstoles, formado por PSOE y Podemos, denuncia que esta actuación genera importantes perjuicios en el desarrollo del proceso electoral. Hasta ahora, esta función la habían realizado siempre los propios Consistorios. Este año, por primera vez, el Gobierno de Ayuso ha prescindido de modo unilateral de los Ayuntamientos, a pesar de que estos habían presentado un fichero con los coordinadores y representantes designados para actuar en los colegios electorales.
Esta decisión arbitraria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha impedido también que muchos de los vecinos que actualmente están en las listas del paro, puedan acceder a estas jornadas de trabajo, a pesar de que se les había informado previamente de que el Ayuntamiento contaría con ellos.
El Gobierno de Móstoles cuestiona además la descoordinación entre la Consejería de Presidencia y la Dirección General de la Administración Local, que ha enviado directrices contradictorias a los Consistorios sobre los procedimientos para las elecciones del 4 de mayo. Esto contribuye no solo a la ineficacia de las actuaciones sino también, y de forma más gravosa, a la inseguridad jurídica y de actuación dentro de los municipios afectados.