El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer una proposición de Ley para eliminar la potestad del parlamento regional de proponer plazas de juez del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid.
Actualmente una de cada tres plazas de las Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia es elegida mediante una terna propuesta por la Asamblea de Madrid, que luego, de entre los propuestos, el Consejo Superior del Poder Judicial elige a uno. Si esta proposición de Ley se aprobara, esta plaza sería cubierta por concurso.
“Es el intento de mejorar la justicia de la comunidad mientras el gobierno central está socavando la independencia del poder judicial”, manifiesta el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado.
El objetivo de esta propuesta es permitir que los magistrados de estas salas judiciales sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial, para, según declara Ignacio Aguado, “despolitizar y dar independencia a la Justicia”.
Por tanto, la nueva Ley modificaría la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y la Ley 38/1998 de Demarcación y Planta Judicial. La Asamblea de Madrid perdería la posibilidad de proponer magistrados.