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El rescate a los autónomos costará 6.000 millones de euros durante los próximos 6 meses
Más de 400.000 trabajadores autónomos no pueden desarrollar su actividad de forma directa o indirecta
Madrid |

Actualmente existen aún sectores que no pueden trabajar y otros muchos sufren una baja actividad producida por los rebrotes y las diferentes medidas que están adoptando los gobiernos locales y autonómicos como prevención de la COVID-19.

Según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), son más de 400.000 trabajadores autónomos los que de forma directa o indirecta, en estos momentos, no pueden desarrollar su actividad y se plantean la posibilidad del cierre definitivo de sus negocios.

Esto está ocurriendo no solo en el sector de la hostelería nocturna, sino que sucede también en otros sectores como el de los profesionales de la enseñanza no reglada: casas de música, academias de pintura, ludotecas de verano o subsectores de éstos, es decir, otros trabajadores que desarrollan actividades alrededor de dichas profesiones, y que en estos momentos están viviendo una complicada situación económica. Además, el comercio también está viviendo una grave paralización producida por el miedo del consumidor debido a los rebrotes de la pandemia.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, “tenemos que estar preparados para poder mitigar la situación de crisis económica que se va a producir como consecuencia de las decisiones que se van a adoptar desde el punto de vista sanitario. Desde UPTA exigimos al Ministerio de Inclusión que programe de forma urgente una reunión de seguimiento con las organizaciones más representativas del trabajo autónomo, y así poder adoptar las medidas de protección que contrarresten la situación que va a vivir de nuevo el empleo autónomo. El gobierno tiene que destinar parte de los fondos que han sido concedidos a España para el aumento temporal de los ERTE y para el rescate de los trabajadores autónomos”.

Para Abad, es necesario que el Gobierno destine parte de los fondos europeos que han sido concedidos a España (21.300 millones) para el aumento temporal de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y para el rescate de los trabajadores de autónomos, “no podemos permitir que se retrase más la puesta en marcha de un paquete de medidas excepcionales”.