El coronavirus nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos sociales y laborales. Nos hemos adaptado a un nuevo escenario en el que la salud se garantiza con distanciamiento social y extremando las medidas de higiene. La vuelta a la oficina ha venido marcada por las nuevas normas impuestas por el Covid-19.
Los espacios de trabajo se preparan en septiembre con para acoger la actividad presencial, aplicando medidas de prevención (reorganización de puestos de trabajo, turnos, información, realización de PCRs, etc.) de protección (instalación de mamparas, distancias y barreras de seguridad, entrega de EPIs, etc.) y de higienización (limpieza intensiva periódica de puestos de trabajo y espacios comunes, instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico, etc.).
Un despliegue de medios que supone a una microempresa de 5 trabajadores una inversión aproximada de más 2.000 euros, según las estimaciones de la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme). Este gasto aumenta si tenemos en consideración la realización de pruebas PCR de aquellas compañías que lo estimen oportuno, el número de trabajadores y las características de cada lugar de trabajo.
Dado que el Covid-19 es un problema de salud pública no de naturaleza laboral, el coste de las pruebas PCR debería ser asumido por el erario público
Según Cepyme, el coste de una PCR por trabajador es, en promedio, 180€, por lo que es un importe muy elevado para una pyme (por ejemplo, una empresa con 5 trabajadores tendría que desembolsar mínimo 900€).
Sin embargo, para que estas pruebas fueran realmente efectivas deberían realizarse de forma periódica, pero “su coste lo hace totalmente inviable sobre todo para las empresas con menor capacidad”. La entidad argumenta que “dado que el Covid-19 es un problema de salud pública no de naturaleza laboral, el coste de las pruebas PCR debería ser asumido por el erario público”.
El confinamiento provocó que una modalidad laboral como el trabajo a distancia, prácticamente residual en nuestro país, creciera enormemente. De acuerdo con el barómetro de la PYME realizado durante el confinamiento, un 43% de las pequeñas y medianas empresas optaron por esta práctica para continuar con su actividad.
Desde CEPYME aseguran que “observamos que muchas empresas optarán por fórmulas mixtas, de septiembre en adelante, con el objetivo de garantizar tanto su funcionamiento como la seguridad y salud de los trabajadores”.
Así, la mayoría se está organizando con parte de la jornada presencial y parte a distancia, también con turnos alternos, con coordinación de desplazamientos o, por ejemplo, con el establecimiento de horarios especiales de entrada y salida y para comer, siempre con el fin de evitar una coincidencia masiva de personas en los espacios de trabajo y minimizar el riesgo de contagio.