MENÚ

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reaccionado a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar la retirada cautelarísima de la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol, emplazando a las partes a una cita decisiva para el próximo día siete. Aunque el regidor madrileño ha admitido que comprende la prudencia de la sala al preferir escuchar a todas las partes implicadas antes de tomar una postura definitiva, no ha ocultado su malestar por la continuidad y expansión de un asentamiento que, según denuncia, ya se extiende por varias de las arterias comerciales más transitadas de la capital.

Lejos de quedar confinada a la emblemática plaza, la protesta ha comenzado a ramificarse por vías colindantes como las calles Preciados, El Carmen, Arenal y Montera. Ante este escenario, Almeida ha dirigido un duro ataque político contra el delegado del Gobierno, Fran Martín, acusándole de inacción deliberada por no permitir la intervención de la Policía Nacional para desalojar a los manifestantes ni garantizar el orden público. El regidor ha llegado a cuestionar irónicamente el papel institucional del delegado, recriminándole que no esté cumpliendo con su obligación de proteger la convivencia ciudadana y asegurando que "un delegado del Gobierno no está para asaltar las calles, sino para proteger la libre convivencia".

En su argumentación, el regidor de la capital ha rebatido rotundamente el carácter "pacífico" de la movilización. A su juicio, resulta imposible calificar de pacífica una protesta que obstaculiza de forma directa la circulación por las zonas de compras más concurridas y causa un perjuicio directo al comercio local. Almeida ha contrapuesto la situación actual del pequeño comercio con la presencia de la acampada, afirmando irónicamente que espera "que vuelvan las tiendas, pero las de los comerciantes" y demandando el levantamiento inmediato de las casetas improvisadas.

Uno de los puntos en los que más ha enfatizado el alcalde ha sido el comportamiento de los propios acampados, tildando de indignante e insólito que hayan llegado a colocar carteles regulando el paso peatonal. En dichas indicaciones, los manifestantes "rogan" a los transeúntes no transitar por determinados puntos a ciertas horas de la jornada, aunque matizan que no impedirán el paso a nadie. Almeida ha calificado la iniciativa de "la releche", cuestionando qué autoridad se arrogan unos colectivos que ocupan la vía pública de forma ilegal para dictar pautas sobre quién y cuándo puede circular por el centro de Madrid, e insistiendo en que el derecho a la protesta no puede vulnerar el marco de convivencia ni el ordenamiento jurídico vigente.