La urbanización El Pinar, ubicada en el madrileño municipio de Las Rozas, ha servido como escenario para acoger la última polémica suscitada en la localidad del noroeste de Madrid. Los vecinos allí afincados viven una “incómoda” situación a causa del negocio “ilegal” que, bajo el pretexto de configurarse como una consultoría veterinaria y un resort para animales, opera al margen de la ley según el relato que Mario Ortuza y Germán Pastor, vecinos afectados del municipio, nos ofrecían en los estudios radiofónicos de Soyde. Así precisamente, a través de su voz, conocemos la realidad que día a día enfrentan los ciudadanos de El Pinar.
Germen y desarrollo
Su particular odisea comienza hace, aproximadamente, un año. Los dueños de la empresa Mister Pet, “unos influyentes promotores inmobiliarios de Las Rozas”, se trasladan hasta las coordenadas que corresponden con la urbanización El Pinar donde implantan un resort canino, “amparándose en una licencia de consultorio que fue denegada a cargo del consistorio”, explica Mario Ortuzar. Tras este proceso administrativo, el 8 de marzo de 2018, el Ayuntamiento de Las Rozas decreta una orden de cese y clausura, la cual siguen incumpliendo puesto que, a día de hoy, “siguen operando en Las Rozas con todas las molestias que ello acarrea a los ciudadanos”, afirma Ortuzar lamentándose.
En la actualidad, el expediente referido a la orden de cese de la actividad profesional de la citada entidad, se encuentra en los juzgados pendiente de la autorización del correspondiente magistrado con el firme propósito de proceder a la retirada del equipamiento y la clausura de las instalaciones presuntamente ilícitas. “Nos sentimos desamparados, no sabemos como atajar el problema”, proseguía.
Rol del consistorio
El papel del Ayuntamiento de Las Rozas respecto a la citada problemática abre la veda sobre su actuación. El consistorio, actor clave en la resolución de la materia -la cual se encuadra dentro de las competencias municipales-, “ha apoyado desde el primer momento el no desarrollo de esta actividad en la zona”, apostillaba Ortuzar. Sin embargo, añadía que “nosotros, los vecinos, hemos pagado los platos rotos de la confrontación existente entre dos bandos políticos”, puesto que, “a pesar de que estimo que el ayuntamiento lo ha hecho bien, creo que, quizás, ha tardado más tiempo en tomar cartas en el asunto de lo que debiera”.
“Nuestro sistema jurídico es muy proteccionista”, justifica Germán. “El ayuntamiento lo que está haciendo es cuidarse de cometer cualquier tipo de error pensando en posibles confrontaciones jurídicas de cara al futuro”. Considera que “se están dando pasos muy firmes”; no obstante, pone de relieve una patente falta de comunicación desde el consistorio. “Hemos sentido que desde los altos cargos no se nos ha ofrecido toda la información que necesitábamos a cada paso que han ido dando”, concretaba.
Manifestación
“Vivimos una situación incómoda”, coinciden los miembros de la comunidad de propietarios, se respira un clima de “enfrentamiento” alentado por “los constantes ruidos, las condiciones de insalubridad y falta de higiene y la manipulación de medicamentos veterinarios” en una zona residencial. “A parte de ser un negocio ilegal, es insano, un grupo numeroso de animales domésticos y exóticos no pueden convivir con personas en un entorno urbanístico sin ningún tipo de licencia, norma o restricción. Es inviable, está fuera de toda lógica”, aseveraba Pastor.
Este arsenal ha propiciado su decisión de manifestarse el próximo día 21 de diciembre. El fin último de esta reivindicación reside en “protestar por el ejercicio de una actividad ilegal en Las Rozas, una clínica veterinaria y hotel canino”, según consta en el escrito facilitado por Germán Pastor al Ejecutivo local.