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La Justicia ha condenado a Samuel Vázquez, portavoz de Vox en materia de seguridad e inmigración, a 10 meses de prisión y a una pena de inhabilitación por un delito electoral derivado de su participación en un acto del partido celebrado en Fuenlabrada durante la campaña electoral del año 2023.

La sentencia considera probado que durante ese mitin intervino a pesar de ser aún agente en activo de la Policía Nacional, lo que vulnera el principio de neutralidad política exigido a los miembros de las fuerzas de seguridad. Según el fallo, la participación del agente, sin la correspondiente autorización, supuso un uso indebido de su condición profesional en un contexto electoral.

Los hechos se remontan a un acto organizado por Vox Fuenlabrada que entonces estaba liderado por Isabel Pérez Moñino y que ahora ocupa la portavocía del Grupo Vox en la Asamblea de Madrid. Dicho acto se produjo en periodo electoral lo que motivó posteriormente la apertura de un procedimiento judicial. Además de la condena penal, el caso ha tenido repercusiones en el ámbito disciplinario, con actuaciones internas relacionadas con el agente implicado.

No obstante, la resolución judicial no es firme y puede ser recurrida. De hecho, el propio Vázquez ha anunciado su intención de presentar recurso, por lo que la condena queda a la espera de lo que determinen instancias superiores.

Tras conocerse la sentencia, distintas asociaciones policiales han mostrado su respaldo al portavoz. Desde JUPOL han expresado públicamente su apoyo, defendiendo su trayectoria profesional y cuestionando el alcance de la condena. En la misma línea, representantes del ámbito policial han trasladado mensajes de respaldo en redes sociales, insistiendo en la defensa de la presunción de inocencia y en la necesidad de respetar el proceso judicial hasta que exista una resolución firme.

El caso ha reabierto el debate sobre los límites entre la actividad política y el ejercicio de funciones públicas, especialmente en cuerpos encargados de garantizar la seguridad. La sentencia incide en la obligación de mantener la neutralidad institucional. Ahora habrá que esperar a la resolución del recurso que se va a presentar para saber si se confirma o se modifica dicha sentencia.