MENÚ

La Sección nº 01 de la Audiencia Provincial de Madrid ha zanjado el debate sobre la unificación de las causas penales relacionadas con la gestión de los centros de mayores durante la pandemia. En un auto reciente, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular de María Teresa P. I. y el Ministerio Fiscal, confirmando que no procede la acumulación de los múltiples procedimientos abiertos en diversos juzgados de la región .

La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Adela Viñuelas Ortega, fundamenta su decisión en la necesidad de garantizar una justicia ágil. El tribunal advierte que la acumulación por conexión solo debe aplicarse en circunstancias muy tasadas, evitando así lo que denomina como "elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los denominados macroprocesos" . Según el auto, el conocimiento de todas las querellas en una sola causa solo serviría para añadir complejidad y dilatar los tiempos, impidiendo analizar con la debida minuciosidad cada fallecimiento o falta de asistencia .

A pesar de que los recurrentes alegaban la existencia de un nexo común —el protocolo de actuación aprobado por la Comunidad de Madrid—, la Sala subraya que no existe una identidad subjetiva y objetiva suficiente para unificar las investigaciones. El tribunal razona que, aunque coincidan algunos de los investigados, los sujetos pasivos son diferentes y presentan padecimientos distintos, lo que obliga a evaluar cada supuesto de forma individualizada para determinar si existió o no una discriminación real .

De esta manera, la Audiencia Provincial refuerza el criterio de que "cada delito dará lugar a la formación de una única causa", tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La justicia sostiene que la simple analogía entre los hechos no justifica un trasiego de expedientes entre juzgados que solo entorpecería el esclarecimiento de las responsabilidades penales .

Esta decisión, contra la que ya no cabe recurso alguno, obliga a que las diligencias sigan su curso de forma separada en los juzgados de Madrid, Valdemoro, Leganés, Navalcarnero y Collado Villalba. Con este espaldarazo a la instrucción individualizada, el tribunal busca proteger la eficacia del proceso penal frente al riesgo de colapso que supondría una macrocausa de dimensiones inabarcables.