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Mónica García, ministra de Sanidad y cabeza de lista de Más Madrid, ha puesto en marcha la maquinaria con la que pretende plantar cara a Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas de 2027. El asunto con el que ha arrancado no es nuevo: la compra, en abril, de un ático de lujo en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. La polémica lleva activa desde finales de julio, cuando El País destapó la operación. Ahora Más Madrid la ha llevado al Tribunal de Cuentas.

El inmueble, en el número 35 del paseo del General Martínez Campos, tiene 485 metros cuadrados más unos 200 de terraza, cinco suites, seis baños, cine privado, habitación de servicio y dos plazas de garaje. Lo adquirió el 14 de abril Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia que dirige Miguel Ángel García Martín, por 6,3 millones de euros. A esa cifra hay que sumar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales —unos 378.000 euros—, gastos de notaría y gestoría, y una comisión del 3% (189.000 euros) para Promora, la inmobiliaria que intermediô la venta. El piso se anunciaba como vivienda de “ultralujo”, no como oficina.

La justificación oficial fue que serviría de despacho temporal o espacio para reuniones institucionales mientras se rehabilitaba la Real Casa de Correos. Esa explicación tropieza con varios hechos. El inmueble tiene uso residencial y la normativa municipal no permite oficinas. Los primeros documentos de las obras de Sol están fechados el 2 de junio, casi dos meses después de la compra. La operación no figuraba en el presupuesto de 2026 de Planifica Madrid ni en su portal de transparencia. Y el encargo que el Gobierno trasladó a la inmobiliaria pedía “entre 250 y 400 metros y una gran terraza”: criterios de vivienda exclusiva, no de sede administrativa. Llegaron a visitar otro piso en el paseo del Pintor Rosales, de cuatro millones. El ático de Chamberí no llegó a usarse.

García sostiene que “no hay papel” que sostenga la compra y que se trata de “una operación corrupta” de más de 6,3 millones hecha con dinero público para adquirir “la casa de los sueños de Ayuso”. Más Madrid pide al Tribunal de Cuentas que reconstruya el expediente —memoria de necesidad, tasación, criterios de selección, origen de los fondos, acuerdos del consejo de administración— y determine si hubo menoscabo patrimonial y quién responde. El partido calcula que, con impuestos y gastos, la operación ronda los 6,68 millones. El inmueble se ha puesto a la venta por 6,69. El margen, de concretarse esa cifra, sería mínimo o negativo.

La venta no cierra el caso, según García: “No hay chao pescao que valga”. La frase responde a Ayuso, que intentó zanjear el asunto con ese mismo eslogan tras anunciar que el dinero iría a la reconstrucción de la Sierra Oeste, afectada por los incendios de este verano. El Gobierno regional sostiene que la compra era institucional, que nunca se pensó como residencia de la presidenta y que poner el piso en el mercado resuelve la controversia. Ayuso ha dicho que no se iba a vivir allí y que se está mezclando “dónde se vive con dónde se va a trabajar”. Se ha mudado a Puerta de Hierro.

El Tribunal de Cuentas no es el único frente. Un juzgado ha abierto diligencias por denuncias de Iustitia Europa, el PSOE y particulares que apuntan a posible malversación, prevaricación o administración desleal. García Martín deberá comparecer en la Asamblea. Feijóo se ha limitado a decir que “Patrimonio tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina”.