Madrid ya celebra sus nuevos presupuestos. Tras dos años de legislatura, Ayuso ha diseñado unas nuevas cuentas que deberán ser avaladas por la Cámara regional. Ese apoyo explícito, presumiblemente, lo otorgará Vox. La formación de Rocío Monasterio se abre al diálogo pero no está dispuesta a firmar un cheque en blanco. Todos tenemos un precio y el de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid pasa por la “derogación” de las leyes autonómicas de protección al colectivo LGTBI e Igualdad.
¿Qué precio va a tener que pagar la sociedad madrileña?
A los sectores más conservadores del PP, no les disgusta esta opción, pero hasta Ayuso, que no tiene ningún problema en bailar con la extrema derecha, considera que la derogación no es una opción viable y, sobre todo, el coste político que debería asumir es alto. Pese a esta consideración, la presidenta de la Comunidad de Madrid no se cierra a “mejorar” esas leyes, aunque eso implique retroceder en salvaguardar ciertos derechos, pero es que se juegan 23.000 millones y hay prioridades (léase con ironía).
El pacto entre PP y Vox para aprobar los presupuestos se acabará produciendo, pero la incógnita que se mantiene es ¿qué precio va a tener que pagar la sociedad madrileña? El gobierno autonómico pude apuntarse un tanto a costa de concesiones que pueden salirnos muy caras.
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