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El proyecto de Ley de Caza y Pesca presentado por Isabel Díaz Ayuso busca blindar la seguridad jurídica de un sector que abarca casi el 69% del territorio madrileño. Aunque el Gobierno regional defiende que esta norma moderniza la gestión ambiental, su enfoque parece priorizar la simplificación administrativa y la explotación cinegética como motor económico frente a una protección ecosistémica más restrictiva

La introducción de los Planes de Control Poblacional otorga a los ayuntamientos una herramienta para combatir la sobreabundancia de especies como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios, lo que podría interpretarse como una delegación de la responsabilidad de gestión de fauna silvestre en las entidades locales para proteger la agricultura y reducir accidentes de tráfico. Por otro lado, la fijación de cotos mínimos de 250 hectáreas —y solo 50 para caza menor— pretende ordenar el territorio, aunque deja margen para una fragmentación del terreno bajo justificación técnica.

En el ámbito de la seguridad, el aumento de la distancia mínima a núcleos de población de 100 a 150 metros resulta un avance discreto que busca mitigar el conflicto entre el uso recreativo del campo y la actividad cinegética. La apuesta por la digitalización de licencias y la interoperabilidad supraautonómica facilita enormemente la burocracia para los 50.000 cazadores y 46.000 pescadores de la región, consolidando una infraestructura que favorece la movilidad del sector.

Finalmente, el endurecimiento del régimen sancionador, con multas que pueden alcanzar los 80.000 euros en casos muy graves, refleja un intento de control disciplinario en un marco legal que ahora unifica criterios antes dispersos. A pesar de los informes de impacto ambiental mencionados, la ley se presenta claramente como un apoyo estratégico al desarrollo rural y una herramienta contra la despoblación, situando la actividad extractiva en el centro de la gestión de la biodiversidad madrileña.