CPPM interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón del 29 de enero de 2018, denunciando que dicha reorganización se había realizado a espaldas de la negociación colectiva. Sin embargo, la Fiscalía ha argumentado a través de distintas sentencias de casos anteriores que las gestiones llevadas a cabo desde la Concejalía de Seguridad, que dirige la tercera teniente de alcalde, Ana Gómez, se ha ajustado a la ley y no vulnera ningún derecho laboral de los agentes de Policía Municipal.
La Fiscalía Provincial de Madrid se opone a la admisión de la reclamación interpuesta por el sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal, (CPPM), que denunciaba irregularidades en el proceso de reestructuración del cuerpo llevado a cabo a principios de este año.
En palabras de la edil responsable de Seguridad de la Ciudad de Alcorcón, Ana Gómez “todas las gestiones y trámites realizados cumplen con la normativa vigente y se ha realizado priorizando, en todo momento, la elección de destino de los efectivos policiales. El 90% de la plantilla ha sido destinado al servicio y turno elegido”.
Segundo varapalo para un sindicato por las medidas aplicadas en Policía Municipal en 2018, el primero ante la ilegalidad de los GPS instalados en los vehículos patrulla presentado por CCOO en la Agencia Española de Protección de Datos
“Los responsables de CPPM solo han querido usar un sindicato legítimo, con el que existe una estrecha colaboración, en beneficio propio. Un sindicato de este tipo no está para solucionar los problemas a estas personas enfadadas porque no han conseguido un turno específico. No se puede jugar a modificar algo que afecta positivamente a cientos de trabajadores y vecinos de Alcorcón por capricho de unos pocos” ha añadido también la concejala Gómez.
La actuación de la Concejalía de Seguridad, que dirige la tercera teniente de alcalde, Ana Gómez, se ajustó a la normativa sin vulnerar ninguno de los derechos esenciales de protección a la intimidad que CCOO denunciaba. La localización de vehículos también está presente en patrullas de Policía Nacional o Guardia Civil, entre otros.
En julio, la Agencia de Protección de Datos archivó la denuncia realizada por el sindicato CCOO por la vulneración de la Ley de Protección de Datos, (LOPD) al instalar dispositivos GPS en los vehículos patrulla cuyo objetivo, en palabras de la edil, “tienen el doble objetivo de garantizar la seguridad de los agentes de Policía Municipal y optimizar los tiempos de respuesta en caso de urgencia”.